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La doctora María Petrillo de Torcivía rechazó la acción de amparo articulada en contra de EDELaR

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En una nueva instancia judicial vinculada al conflicto generado por el incremento de tarifas en la energía eléctrica, por disposición del Gobierno nacional, y ante la acción conjunta efectuada por los usuarios que estuvieron patrocinados por el abogado Guillermo Galván, la doctora María Petrillo de Torcivía resolvió rechazar la acción de amparo articulada en contra de la empresa EDELaR, entendiendo que el incremento que impactó en la facturación correspondiente al mes de febrero de 2017 responde a lo dispuesto por resolución de Directorio del EUCOP (001 - Acta 001/2017) la cual, a su vez, encuentra sustento en la Resolución 20/2017 de la Secretaría de Energía Electrica de la Nación.

En este sentido, se determina en el fallo que existe un acto administrativo que fue dictado por la autoridad competente y que aprobó el incremento estacional del cuadro tarifario y la accionada, es decir EDELaR, se limitó a aplicarlo tal como lo dispone la normativa vigente en la materia. 

En este contexto, y teniéndose en cuenta que el incremento en cuestión era estacional y que estaba previsto y autorizado por el contrato de concesión, habiéndose efectuado además la correspondiente difusión, se determina que no era necesaria la convocatoria a audiencia pública, toda vez que el cuadro tarifario aprobado por la autoridad de aplicación y posteriormente puesto en práctica por EDELaR es válido y no corresponde que sea anulado.

De todo lo anteriormente expuesto, y teniendo siempre en cuenta la resolución judicial, se desprende que ningún reproche puede hacerse, al respecto, sobre la empresa de energía riojana y su manera de obrar, ya que se descarta de plano todo fundamento que justifique la admisión de la demanda efectuada, al tiempo que no se verifica ningún tipo de afectación de un derecho constitucional.

Rechazo

De esta manera, la doctora Petrillo de Torcivía resuelve rechazar la acción de amparo conjunta, declarando en este particular que el pronunciamiento judicial alcanza a todos los usuarios residenciales de energía eléctrica y disponiendo, como consecuencia lógica del accionar anterior, el inmediato levantamiento de la medida cautelar que fuera ordenada mediante la resolución del 26 de abril pasado, y la posterior decisión de diferir su cumplimiento, que fuera adoptada por decreto el 8 de mayo del presente.

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