LA JUSTICIA RATIFICÓ LA ORDENANZA PROHIBIENDO EL USO DE PIROTECNIA Y COHETERÍA

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Autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa donde explicaron los alcances de la Ordenanza N° 5.398 que dicta la prohibición de la venta, producción y consumo de pirotecnia en la capital, en ese sentido denunciaron que la justicia no hizo caso al amparo presentado por parte de comerciantes para la comercialización en el rubro y solicitaron que desde el Gobierno Provincial se articulen las acciones para el cumplimiento de la misma.

 

La conferencia de prensa se llevó a cabo en la sala de situación del Palacio Municipal donde estuvieron presentes el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buso; el fiscal general de la Comuna, Raúl Galván; el fiscal adjunto, Fabricio Bolognesi; la directora de habilitaciones Comerciales, Daniela Herrera y el director de Protección Ciudadana, Guillermo Barrera.

En la oportunidad el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buso informó que, a partir del pasado viernes por la tarde, se notó que hubo venta y comercialización de pirotecnia, pero se aclaró que dicha acción no fue llevada a cabo por el Municipio manifestando que “no había ningún local habilitado, el día viernes a la tarde hubo un quite de colaboración por parte de la Policía de la Provincia en este aspecto, durante el viernes y sábado se abrieron cerca de 40 locales, según lo que contabilizamos, en forma sorpresiva en el departamento capital, todo el año, se abrieron muchos en locales que estaban vacíos inclusive puestos en la vía pública, en la avenida San Francisco y en varios lugares, incluso en lugares muy precarios se abrió la venta”.

Luego destacó que “hubo na suerte de permiso provisorio por parte de la policía que hizo un relevamiento, diciendo que los locales en donde se estaban vendiendo estaban en condiciones”.

En este marco, explicó que siempre se trabajó con la Policía de la Provincia, porque antes era la encargada de informar si el negocio cumplía con las condiciones de seguridad y además por que actuaba como delegación del ex RENAR, que ahora se llama Agencia Nacional de Materiales Peligrosos. E indicó que la policía es el único ente gubernamental que puede almacenar este tipo de explosivos de acuerdo a la legislación a nivel nacional, bajo reglamentación de la ley 20.429, Ley de armas y explosivos.

Buso hizo hincapié en que seguirán trabajando en el cumplimiento de la legislación vigente e informó que ya se labraron las actas a los comerciantes para la aplicación de multa, por infracción por la venta de material prohibido e infracción por la falta de habilitación.

Aunque aclaró que es necesario contar con el respaldo de la policía de la provincia para la regulación y aplicación total de la ordenanza “no podemos proceder en esos casos a la clausura porque la legislación nacional establece que previamente a la clausura hay que incautar la mercadería explosiva, pero no tenemos los elementos en estos momentos para transportarla y almacenarla, porque históricamente se hizo en colaboración con la Policía de la Provincia. Esto limitó la aplicación de la sanción definitiva que de todas formas se aplicará porque los inspectores ya labraron las actas definitivas, pero se hizo que no se pueda hacer efectiva en la practica el cumplimiento de la ordenanza que es la prohibición total, pese a toda la campaña de concientización que se realizó previamente, porque desde habilitaciones comerciales se vino comunicando a lo largo del año”.

Daniela Herrera, directora general de Habilitaciones Comerciales comunicó que se unió esfuerzos para trabajar fuertemente en la aplicación de la ordenanza “Comenzamos a trabajar con la policía de armas, de la provincia, en lo cual ellos mediante nota me solicitaron hacer una campaña para evitar todo lo que sucedió ahora, en todos los medios, explicar mediante conferencia de prensa para que la comunidad en general sepa que está prohibido y evitar los problemas, que ya tuvimos”.

Además, sostuvo que es importante que la comunidad tome conciencia “el municipio no hizo otra cosa que aplicar la ley, una ordenanza que fue sancionada y promulgada por el Concejo Deliberante, tratando de cuidar a los desvalidos, los niños autistas, ancianos, a la gente más vulnerables en sus derechos y es una nueva modalidad que si bien va a costar incorporarla, hay que hacerlo, tenemos como Municipio saludable preservar la integridad no tan solo de las personas sino también de los animales, pero la ciudadanía tiene que acompañar estas medidas tomando verdadera conciencia”.

El Fiscal General del Municipio, Raúl Galván dejó en claro que la ordenanza 5.398 se encuentra vigente "no hay ningún juez que dictó la inconstitucionalidad de la ley, por lo tanto, toda la población desde el comerciante el público en general  y el estado provincial tiene que cumplir con la ordenanza, esto significa que el estado provincial tiene que colaborar con el cumplimiento de la ordenanza, la policía cumple un rol  fundamental en el cumplimiento de esta norma, hemos visto que lamentablemente que la policía no ha prestado la colaboración para que esta norma se cumpla". Además, solicitó que tanto el Ministro de Gobierno provincial, Juan Luna y al jefe de la Policía articular las acciones para cumplimentar con la norma, sino de caso contrario se iniciarán las denuncias penales pertinentes.

De tal modo, el Fiscal se refirió a un conjunto de comerciantes que interpusieron una medida de amparo y una cautelar para que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza y se suspenda hasta tanto se dicte sentencia: "con fecha dos de diciembre de este año se rechazó la medida cautelar, hasta que el Tribunal Superior no dicte la sentencia de fondo, es obligación de todo el mundo de cumplir".

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